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La nueva oportunidad en México

24-05-2016 - Derechos humanos, ética y marihuana

Los derechos humanos en el contexto del control de drogas ha sido poco explorado y debatido. A pesar que no es desconocida su ausencia en los tratados internacionales en la materia, México tiene la chance de restituir los derechos humanos a los usuarios de drogas. No hay otro camino.

Vale la pena recordar que la Carta de los Derechos Humanos es la piedra angular del sistema político internacional producto de la Segunda Guerra Mundial. Después de las atrocidades cometidas por los Estados en contra de la Humanidad durante la guerra de 1939-1945, fue imprescindible crear un sistema universal de valores que diera sentido al papel del Estado frente a los ciudadanos. De la catástrofe surgió la noción de que el Estado no puede disponer como sea de sus ciudadanos y que aun aquellos que infringen la ley tienen garantías individuales que, básicamente, les permiten defenderse de la arbitrariedad del poder institucionalizado. De ello se deriva el resto de disposiciones internacionales, y todos los estados signatarios de la ONU deben aceptar sin reservas el cumplimiento de todas las disposiciones de derechos humanos.

Pero curiosa o perversamente, en el orden internacional sobre drogas creado a partir de la Convención Única de 1961, seguido por su protocolo de 1973 y culminado con la Convención de 1988, los derechos humanos han brillado por su ausencia. De hecho, la única mención explícita a los derechos humanos se encuentra en el tratado de 1988, en el que se hace una breve referencia a los derechos de los pueblos originarios frente a sus tradiciones ancestrales con el uso de ciertas drogas.

Para entender por qué los tratados de drogas han evitado por norma general adoptar de manera completa y sin ambages todas las disposiciones de derechos humanos es necesario revisar la historia de los acuerdos internacionales, algo que no es materia de este texto. Basta decir que fueron creados bajo premisas poco o nada científicas, por no decir racistas. Parece que vale más hacer la vista gorda con algunas normas incómodas que adoptar políticas consecuentes con los derechos esenciales de todos los seres humanos.

Bajo esta óptica, pensemos en algo que la policía hace de forma rutinaria y sin mayor objeción en la sociedad. Las revisiones de rutina que se llevan a cabo con la sola sospecha de que alguien posea drogas. ¿A qué se debe? ¿Por qué lo aceptamos sin chistar? La Constitución mexicana dice claramente que “nadie puede ser molestado en persona o posesiones sin orden judicial expresa”, una garantía individual cuya importancia es difícil de negar en las disposiciones democráticas de la Carta Magna.
En México y en los ordenamientos internacionales de drogas los derechos humanos son un invitado incómodo y muy poco bienvenido. Es frecuente, por ejemplo, que los informes y reportes anuales sobre la situación del control omitan condenar a los Estados que ejecutan a personas relacionadas a delitos de drogas, lo que sucede en algunos países aun cuando los delitos cometidos no son violentos ni afectan a terceros. De esta manera, cuando se trata de drogas, los derechos humanos son letra muerta o así parece.

Creo que por eso, a fines del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en consecuencia con las disposiciones de derechos humanos, determinó que el Estado tiene límites con respecto al individuo; y en el caso concreto de la marihuana estipuló que la prohibición absoluta de la planta era, y es, un acto excesivo del Estado frente a la autonomía individual. Hete aquí que por primera vez en México existe una resolución clara que determina qué es primero y qué después: primero la persona, luego la droga.

Se podrá seguir debatiendo si la marihuana es buena o mala, si tiene potencial terapéutico o no, si es muy dañina para la salud o es inocua comparada con otras drogas, no necesariamente ilegales que consumimos cotidianamente como sociedad. Pero el punto de debate importante ya no se encuentra ahí.

Lo que hay que debatir ahora es cómo el Estado mexicano puede tutelar un derecho que sólo recientemente ha sido reconocido como tal.

Por eso vale la pena recordar, también, cuál es la ética que nuestra sociedad debe observar con respecto a la evolución que, forzosamente, veremos sobre la marihuana. El Estado no debe continuar con una política que criminaliza todo acto personal con la planta. Si no es así —como ya lo estipuló la Corte— ¿qué ordenamiento debemos seguir? Los criterios están claros: todos tenemos derechos, incluso si usamos marihuana u otras drogas. ¿Cuáles son los límites de este derecho? No afectar a terceros, no incluir a menores de edad, y no proveerse mediante mecanismos de mercado abierto: nada más, pero nada menos.

Este derecho, como ha sido anotado, no es irrestricto, por lo que interesa especialmente a la ética de los usuarios: éstos deben observar las reglas impuestas por un Estado neutral con respecto a sus decisiones, y especialmente deben entender también que éstas pueden afectar a terceros, por lo que deben asumir su responsabilidad.

La nueva circunstancia restituye a los usuarios el carácter de personas con plenos derechos, y por primera vez se admite formalmente su inclusión en el debate sobre la marihuana, algo que había sido olvidado incluso por especialistas y las comisiones de derechos humanos del país, en cuyo discurso se enumeran invariablemente una serie de poblaciones vulnerables pero jamás los usuarios de drogas.
México está ante una oportunidad histórica para corregir lo que la Corte admitió en su sentencia: que los derechos humanos de quienes usan drogas han sido vulnerados por décadas, y que llegó la hora de integrarlos plenamente a nuestra sociedad.

Los usuarios de marihuana, en general, son mucho menos problemáticos para si mismos y para los demás que los usuarios de alcohol y otras drogas. Llegó el momento de reconocer su existencia, sus derechos y su autonomía personal. Desde luego, nada nos exime de cumplir con todas nuestras obligaciones cívicas, pero somos los usuarios los que hemos sido apartados y marginados de la sociedad, no los enemigos de la misma.

Nadie, y subrayo nadie, puede probar que las personas que usan marihuana sean delincuentes, reales o potenciales, por el solo hecho de usarla. Llegó el momento de remover por completo aquellas figuras jurídicas que nos hacen aparecer como delincuentes por el solo hecho de elegir, con consciencia y responsabilidad, un consumo que, en todo caso, sólo nos compete a nosotros.

El único camino del Estado y de nuestra sociedad es aceptar la prevalencia de los derechos humanos sobre las creencias y las opiniones subjetivas. No se trata de que todos adoptemos un mismo estilo de vida sino de que respetemos el de otros. Si logramos ponernos de acuerdo en ello, es seguro que, aun cuando se trate de los derechos de una minoría, respetarlos traerá beneficios a toda la sociedad. Además, lo repito, no hay más camino.

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